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- Karen Guissela Cáceres
- Soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y hago parte grupo de neociencia.
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El próximo jueves 3 de mayo se harán públicos en los tablones de anuncios la relación de admitidos en los colegios públicos y los privados concertados de Andalucía. Publicaba este periódico casos de padres que no han dudado en cometer todo tipo de fraudes para sumar los puntos necesarios en el baremo de calificación que recoge el decreto 40/07. Para empezar, en muchas ciudades andaluzas se producen un número considerable de empadronamientos falsos que ríanse ustedes de los fraudes en el censo detectados para las elecciones municipales.
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Muchos padres han censado a sus hijos o a la familia completa en casas de familiares o amigos que viven en las proximidades del centro de su elección. Se dan casos de viviendas donde hay registradas 30 ó 40 personas porque el procedimiento administrativo es muy sencillo. El baremo de valoración para la admisión de alumnos en infantil y primaria da la mayor cantidad de puntos (10) por la residencia o el trabajo de los padres en la cercanía del centro. En segundo lugar se prima con dos puntos a las familias monoparentales, por lo que muchos padres han procedido a realizar una separación legal (y temporal, claro) para obtener esos dos puntos. Es tal el grado de fraude que algunos padres han contratado detectives para denunciar a quienes se han visto beneficiados de tales prácticas con el fin de que sus hijos puedan entrar en la ansiada lista de admitidos, como contaba EL PAÍS.
Por un lado es llamativo que muchos padres cometan fraude con impunidad por el solo hecho de que sus hijos estudien en un centro privado concertado. Me parece una de las mamarrachadas más grandes de los últimos tiempos. Por otro lado, si los padres quieren para sus hijos una determinada educación distinta a la que ofrece el sector público, no tienen más que pagarla. Hay colegios privados que no tienen las limitaciones que tienen los públicos o los concertados. La diferencia es que hay que pagar y, por supuesto, el control de la enseñanza. Así que todo el que quiera presumir del colegio al que lleva a sus hijos, o que no quiera verse sometido a la presión de las autoridades educativas, lo único que tiene que hacer es pagar. ¿Alguien se imagina que el Estado ofreciese elegir entre sistema sanitario público u otro privado de manera gratuita? ¿o lo mismo con las pensiones? Porque al final se trata de que los hijos vayan a determinado colegio religioso pero sin pagar la matrícula.
Llama la atención también que algunos padres tengan 1.000 euros para pagar un detective y así proceder a la denuncia de algún niño admitido provisionalmente y no lo tienen en cambio para pagar la matrícula en un colegio privado. Algo funciona mal cuando tanta gente comete fraude para saltarse el sistema educativo público. El fondo de la cuestión es que la gente elige centro en función de la moda o porque piensa que tiene un mayor rango social que los niños vayan a un determinado colegio religioso, sin reparar es que la escuela pública es la que garantiza la educación en los valores constitucionales, que el sistema público es universal e igualitario, que los profesores de la pública (todos) han obtenido su plaza mediante una oposición en la que han tenido que demostrar sus conocimientos, que la escuela pública es la que está sometida a mayores controles de calidad en la enseñanza. Encima, si alguno eligió en su día un centro privado concertado por el comedor o las actividades extraescolares, ese servicio se ofrece ya en los colegios públicos.
Más tarde llegarán las trampas que hacen los colegios privados concertados: meter en septiembre por la puerta de atrás algunos alumnos de más, aulas con más de 25 niños, presiones a la administración para aumentar el número de aulas concertadas sin el más mínimo pudor para usar a los niños con tal fin. Los colegios privados sostenidos con fondos públicos, religiosos casi siempre, no dudan en rechazar a los niños con discapacidad usando todo tipo de argucias como no contratar profesores especialistas en pedagogía terapéutica o audición y así desviar a esos niños a la escuela pública. Caridad cristiana se llama eso.
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Muchos padres han censado a sus hijos o a la familia completa en casas de familiares o amigos que viven en las proximidades del centro de su elección. Se dan casos de viviendas donde hay registradas 30 ó 40 personas porque el procedimiento administrativo es muy sencillo. El baremo de valoración para la admisión de alumnos en infantil y primaria da la mayor cantidad de puntos (10) por la residencia o el trabajo de los padres en la cercanía del centro. En segundo lugar se prima con dos puntos a las familias monoparentales, por lo que muchos padres han procedido a realizar una separación legal (y temporal, claro) para obtener esos dos puntos. Es tal el grado de fraude que algunos padres han contratado detectives para denunciar a quienes se han visto beneficiados de tales prácticas con el fin de que sus hijos puedan entrar en la ansiada lista de admitidos, como contaba EL PAÍS.
Por un lado es llamativo que muchos padres cometan fraude con impunidad por el solo hecho de que sus hijos estudien en un centro privado concertado. Me parece una de las mamarrachadas más grandes de los últimos tiempos. Por otro lado, si los padres quieren para sus hijos una determinada educación distinta a la que ofrece el sector público, no tienen más que pagarla. Hay colegios privados que no tienen las limitaciones que tienen los públicos o los concertados. La diferencia es que hay que pagar y, por supuesto, el control de la enseñanza. Así que todo el que quiera presumir del colegio al que lleva a sus hijos, o que no quiera verse sometido a la presión de las autoridades educativas, lo único que tiene que hacer es pagar. ¿Alguien se imagina que el Estado ofreciese elegir entre sistema sanitario público u otro privado de manera gratuita? ¿o lo mismo con las pensiones? Porque al final se trata de que los hijos vayan a determinado colegio religioso pero sin pagar la matrícula.
Llama la atención también que algunos padres tengan 1.000 euros para pagar un detective y así proceder a la denuncia de algún niño admitido provisionalmente y no lo tienen en cambio para pagar la matrícula en un colegio privado. Algo funciona mal cuando tanta gente comete fraude para saltarse el sistema educativo público. El fondo de la cuestión es que la gente elige centro en función de la moda o porque piensa que tiene un mayor rango social que los niños vayan a un determinado colegio religioso, sin reparar es que la escuela pública es la que garantiza la educación en los valores constitucionales, que el sistema público es universal e igualitario, que los profesores de la pública (todos) han obtenido su plaza mediante una oposición en la que han tenido que demostrar sus conocimientos, que la escuela pública es la que está sometida a mayores controles de calidad en la enseñanza. Encima, si alguno eligió en su día un centro privado concertado por el comedor o las actividades extraescolares, ese servicio se ofrece ya en los colegios públicos.
Más tarde llegarán las trampas que hacen los colegios privados concertados: meter en septiembre por la puerta de atrás algunos alumnos de más, aulas con más de 25 niños, presiones a la administración para aumentar el número de aulas concertadas sin el más mínimo pudor para usar a los niños con tal fin. Los colegios privados sostenidos con fondos públicos, religiosos casi siempre, no dudan en rechazar a los niños con discapacidad usando todo tipo de argucias como no contratar profesores especialistas en pedagogía terapéutica o audición y así desviar a esos niños a la escuela pública. Caridad cristiana se llama eso.
viernes, 29 de mayo de 2009
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